Miami (EE.UU.), 15 feb (EFE).- Florida ejecutó hoy a Robert Brian Waterhouse, un preso de 65 años que llevaba 31 años en el corredor de la muerte, desde que fue acusado de violar y matar a una mujer a la que conoció en un bar.
Esta ejecución, la tercera que ordena el gobernador de Florida, Rick Scott, desde que asumió el cargo el año pasado, ha desatado múltiples declaraciones de condena y muestras de preocupación por el ritmo al que se está aplicando la pena capital en este estado.
Según detallaron a Efe las autoridades penitenciarias, antes de morir el preso hizo uso del derecho a elegir su última cena: pidió chuletas de cordero, dos huevos fritos, dos tostadas, un trozo de tarta de cereza, helado de nuez, un zumo de naranja y leche.
Previamente tuvo oportunidad de pasar tres horas con su esposa, Fran Waterhouse, una de ellas con derecho a "contacto físico".
La ejecución tuvo lugar con un retraso de más dos horas, a la espera de que la Justicia estadounidense denegara todos los recursos y peticiones de cancelación de la pena que había presentado ante varias instancias.
Finalmente, al preso se le aplicó una inyección letal de tres sustancias, entre ellas pentobarbital sódico, según confirmó el Departamento de Prisiones de Florida.
El pentobarbital es una controvertida sustancia sobre la que algunos expertos han advertido que puede dejar paralizado al paciente, pero consciente cuando se le administra otro químico -que causa mucho dolor y ardor- para detener el corazón.
El hombre fue condenado en 1980 por violar Deborah Kammerer, una madre de 29 años, y dejarla ahogarse. Su cuerpo fue encontrado arrastrado por la marea en un playa de Tampa (Florida) y con señales de que había sido golpeado y agredido sexualmente.
Fue acusado después de que un camarero dijera haberle visto salir de un bar junto a Kammerer, y de que se encontrara sangre, pelo y fibras de la ropa de la víctima en el automóvil del acusado. Éste reconoció haber tenido contacto sexual con ella, pero negó haberla matado.
Años más tarde apareció un testigo que dijo ver cómo el acusado, quien por entonces estaba en libertad condicional por un asesinato cometido en Nueva York, se iba del bar acompañado de dos hombres, y no de la víctima.
La defensa pidió sin éxito que se revisara el caso teniendo en cuenta ese testimonio, así como el hecho de que se habían destruido muestras físicas sobre las que se habría podido hacer una prueba de ADN determinante para el futuro del acusado.
Waterhouse es el tercer preso en morir por inyección letal en Florida desde que Scott asumió su cargo al comienzo del año pasado. Además, es el preso ejecutado que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte en este estado.
Manuel Valle, de origen cubano, también era uno de los presos de Florida que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte (algo más de 30 años), pero fue ejecutado el pasado septiembre por asesinar a un policía en 1979. Fue el primero al que se aplicó pentobarbital en este estado.
Oba Chandler, condenado por el asesinato de una mujer y sus dos hijas en 1989 cuando regresaban de unas vacaciones en Disney World, fue ejecutado un mes más tarde.
Esta semana el arzobispo de la Archidiócesis de Miami y cinco obispos de Florida pidieron a Scott que conmutara la pena, alegando que con ello "manifestaría la creencia de la dignidad única de cada individuo y el carácter sagrado de la vida humana" y "sería acorde con el espíritu del evangelio".
Esta petición se sumó a las promovidas por otras organizaciones y particulares de Florida que reclaman a Scott que deje de aplicar la pena de muerte y que, como detallaron los sacerdotes católicos en una carta enviada al gobernador, dicen estar preocupados por la aceleración de estas penas.
La asociación Floridanos por Alternativas la Pena de Muerte llamó incluso la atención sobre lo costoso que es tener a una persona 30 años en el corredor de la muerte y pidió que este tipo de condenas se sustituyan por cadenas perpetuas.
Poco antes de la ejecución, el Departamento de Prisiones emitió un comunicado en el que explicó que, a la hora de aplicar la pena de muerte, "el objetivo último es practicar una ejecución humana con dignidad" y añadió que el pentobarbital "deja al preso inconsciente".
Tras la administración del pentobarbital, las autoridades comprobaron que el preso estaba inconsciente y luego continuaron con la aplicación del resto de las sustancias: bromuro de panduronio, que actúa como paralizante, y cloruro de potasio para detener el corazón.
Según marcan las leyes estatales, las autoridades practicarán una autopsia del cadáver.
